La rápida reacción de las empresas pesqueras con intereses gallegos asentadas en Argentina hizo que el gobernador se pensase dos veces la conveniencia de aplicar un canon por tonelada de pescado capturado a las industrias que operan en la región.
Fuentes del sector aseguran que el Ejecutivo provincial «malinterpretó» la oferta de las casas armadoras de contribuir a paliar la grave crisis por la que atraviesa el país. El colectivo empresarial se ofreció a facilitar medicinas para los hospitales, material escolar para los colegios, compra de alimentos y realizar otras aportaciones similares. Pero la respuesta del gobernador de Chubut, «mal asesorado», fue la de «redactar un decreto ¿que finalmente no fue firmado¿, mediante el que se imponía a las sociedades un canon extraordinario sobre los permisos de pesca para crear un fondo solidario», señala uno de los empresarios afectados.
Impuesto revolucionario
A juicio de los industriales, ese «impuesto revolucionario» pondría en peligro las inversiones de las empresas: «No creo que se llegase al punto de tener que abandonar el país, pero sí correrían serio riesgo nuestros proyectos de inversión y se frenarían otros intentos de asentarse en la región y generar riqueza», apunta un miembro de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), en la que están agrupadas varias firmas con intereses gallegos.
Los empresarios ya pagan un impuesto por la licencia de pesca, que ronda los 25.000 dólares al año (18.045 euros), a lo que hay que sumar las tasas que pagan por barco, 160.000 dólares anuales (más de 115.000 euros).
El Gobierno de Chubut parte de la base de que el sector pesquero es lo suficientemente fuerte como para hacer frente a un nuevo impuesto. Su actividad es rentable y, además, la pesificación de la economía ha reducido considerablemente sus costes y favorecido la exportación de productos.
Vía judicial
Las empresas gallego-argentinas no aceptaron este razonamiento y anunciaron que estaban dispuestos a actuar por la vía judicial si, finalmente, se aprobaba el decreto de Chubut.
Esa norma fue aprobada por dos tercios del poder legislativo de Chubut, pero el gobernador, en el último extremo, decidió vetarla en lugar de ejecutarla. A cambio de la retirada de la norma, los industriales acordaron adelantar el pago por los derechos de pesca correspondientes a próximos años y otras ayudas solidarias.
Por el momento, los empresarios respiran aliviados, pero tal y como está el panorama político, «no sería nada extraño que mañana volviesen a intentarlo».